La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, firmó con Sam Altman un memorándum para capacitar a funcionarios públicos e incorporar inteligencia artificial en la gestión del Estado. La primera etapa será gratuita, pero los proyectos específicos tendrán que pagarse. El texto no se ha publicado, y la oposición ya pidió explicaciones.
Lo que se firmó
El lunes 16 de noviembre, en San Francisco, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, y el CEO de OpenAI, Sam Altman, firmaron un memorándum de entendimiento (MOU) que crea la iniciativa “OpenAI para Chile”. El ministerio lo anunció al día siguiente.
El acuerdo forma parte de OpenAI for Countries, el programa que la empresa lanzó en mayo de 2025 para asociarse con gobiernos. A comienzos de 2026, según Reuters, once países se habían sumado, cada uno con un acuerdo distinto. De acuerdo con el ministerio, Chile es el primer país latinoamericano con este tipo de colaboración directa con la empresa creadora de ChatGPT.
Es importante dimensionarlo bien: un MOU no es un contrato. El ministerio lo describe como un “marco no vinculante para explorar cooperación”, y no como una compra ni una adjudicación. No establece inversiones ni compras de tecnología. Cualquier aplicación concreta dependerá de acuerdos posteriores, de las capacidades de cada institución y de su presupuesto.
Tres ejes y un cuarto aún por definir
Según la información difundida por el ministerio y recogida por varios medios, el memorándum tiene tres ejes:
- Modernización de la gestión pública. Usar IA en procesos administrativos para simplificar trámites. El ministerio podrá pedirle a OpenAI asesoría técnica sobre nuevos modelos y también se evaluará apoyo en infraestructura digital.
- Uso seguro y responsable. Cada caso de uso deberá cumplir la legislación vigente, proteger los datos personales y la seguridad de la información, y contar con supervisión humana. Los controles se definirán antes de implementar o ampliar cada aplicación.
- Capacitación de funcionarios. Programas ajustados a las funciones de cada persona, con un modelo de “formación de formadores” para escalar de manera gradual. Los contenidos incluyen cómo usar bien las herramientas, cómo verificar lo que producen, cómo proteger información sensible y cómo mantener la supervisión humana.
Hay además un eje de startups, que es el menos definido. El texto señala que podría incluir acceso a programas y tecnologías de OpenAI, mentorías y vínculos con organismos públicos y universidades. Para explicarlo, Lincolao dijo que “en Chile, el talento está mucho más distribuido que las oportunidades”.
Para coordinar el trabajo se creará un comité conjunto entre el ministerio y OpenAI, que al principio sesionará una vez al mes. Revisará prioridades, definirá casos de uso y evaluará riesgos. Podrá recomendar actividades, pero no comprometer recursos ni aprobar contratos. El éxito se medirá con indicadores como el tiempo ahorrado en trámites, la calidad del servicio y la satisfacción de los usuarios.
Gratis al comienzo, pagado después
Este es el punto que destacó El Mostrador. La primera fase no le costará nada al Estado, porque es un acuerdo de colaboración. Pero las instituciones que quieran desarrollar proyectos específicos con OpenAI tendrán que asumir sus costos. Hasta ahora no se han informado montos ni qué tipo de proyectos requerirían pago.
El ministerio asegura que el acuerdo no le da exclusividad a OpenAI y que cada proyecto deberá cumplir sus propias condiciones de seguridad, privacidad y compras públicas antes de implementarse.
Datos personales: lo que dice el ministerio
Ante las dudas, el Ministerio de Ciencia explicó a BioBioChile que el memorándum no contempla traspasar datos sensibles de la ciudadanía. Según la cartera, las capacitaciones usarán datos abiertos, nacionales e internacionales, o datos sintéticos, pero no información personal ni bases de datos reservadas del Estado. También afirmó que Lincolao contó con las autorizaciones del Gobierno y de la Cancillería.
Sin embargo, el ministerio dijo que no puede hacer público el documento firmado. Ese es, por ahora, el principal flanco de críticas.
Las críticas: licitación, datos y dependencia
La reacción de la oposición fue inmediata:
- Gael Yeomans, diputada y presidenta del Frente Amplio, acusó que el acuerdo se firmó “a espaldas de Chile”. Pidió el texto completo y preguntó dónde se almacenarán los datos, si podrían usarse para entrenar modelos y si se evaluaron los riesgos.
- Diego Ibáñez, senador del FA, anunció oficios al ministerio y a la Contraloría. Preguntó por qué no hubo licitación y pidió revisar la legalidad del memorándum, sus anexos y el acto administrativo que lo aprobó.
- Daniela Serrano, diputada del PC, sostuvo que el acuerdo debió discutirse con el Congreso mientras se tramitan las leyes de IA y de protección de datos.
- Carolina Gainza, exsubsecretaria de Ciencia, advirtió riesgos para la soberanía tecnológica y criticó que se privilegie la autorregulación de la industria.
- Pedro Huichalaf, exsubsecretario de Telecomunicaciones, alertó que formar a funcionarios con herramientas de una sola empresa puede condicionar compras futuras. Recordó el convenio de 2007 con Microsoft, que se frenó tras reparos de la Contraloría.
En el oficialismo, en cambio, el senador Javier Macaya (UDI) destacó que el acuerdo deja a Chile en una posición de vanguardia, y Rojo Edwards lo calificó como una buena gestión para reducir la burocracia. El presidente de la Comisión de Ciencia de la Cámara, Daniel Manouchehri, informó que la ministra se comprometió a explicar el acuerdo en la próxima sesión.
El momento también pesa. El mismo día de la firma, el fiscal general de California, Rob Bonta, demandó a OpenAI por supuestas fallas de seguridad al desarrollar y probar modelos experimentales. La empresa respondió que es un desafío que comparten todos los grandes laboratorios, que reforzó sus controles y que cooperará con la fiscalía.
El contexto: una agenda que avanza más rápido que la regulación
“OpenAI para Chile” es el segundo acuerdo de IA que anuncia Lincolao en una semana. El 11 de noviembre, en Nueva York, firmó un MOU con ElevenLabs que ofrece hasta 44 millones de créditos de plataforma durante 12 meses a startups chilenas, además de apoyo técnico. Antes, en su gira por Silicon Valley, la ministra había adelantado conversaciones con NVIDIA, Google, Apple, Meta, Salesforce y OpenAI. Y desde marzo impulsa un plan de alfabetización en IA para 25 mil funcionarios públicos junto a grandes tecnológicas, que se materializó en el programa Stack Público.
Mientras tanto, el marco legal sigue pendiente. El proyecto de ley de IA aún está en tramitación y el Gobierno ha propuesto postergar la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales (Ley 21.719). A esto se suman las tensiones internas en el Ministerio de Ciencia, que han marcado la gestión de la ministra.
La mirada de IA2030: qué hay que observar
Que el Estado chileno se prepare para usar inteligencia artificial es necesario. Capacitar a miles de funcionarios para usar estas herramientas con criterio, verificando resultados y protegiendo datos, puede tener más impacto que cualquier anuncio de infraestructura. Pero la forma importa tanto como el fondo. Estas son las preguntas que conviene seguir en los próximos meses:
- Transparencia. Publicar el memorándum sería la forma más simple de despejar dudas. Si no es vinculante ni tiene costo, no parece haber grandes razones para mantenerlo reservado.
- Neutralidad tecnológica. Una capacitación centrada en un solo proveedor puede convertirse en dependencia. Habrá que ver si el programa enseña competencias generales de IA, aplicables a cualquier herramienta, o productos específicos.
- El paso de lo gratuito a lo pagado. Cuando los servicios quieran desarrollar proyectos concretos, las reglas de compras públicas tendrán que aplicarse en serio, con competencia real entre proveedores.
- Datos y regulación. Avanzar con acuerdos internacionales mientras se posterga la ley de datos y la ley de IA sigue sin aprobarse deja al Estado con menos herramientas para fijar condiciones.
- Resultados medibles. El propio acuerdo habla de tiempo ahorrado y satisfacción de usuarios. Que esas métricas se publiquen será la mejor prueba de que la colaboración funciona.
Chile puede ser pionero en la región en el uso público de la IA. Para que ese liderazgo sea sostenible, debe construirse con reglas claras, competencia abierta y la confianza de la ciudadanía.

