La proliferación desenfrenada de la Inteligencia Artificial Generativa ha traído consigo herramientas capaces de clona voces, crear imágenes fotorrealistas y falsificar videos en cuestión de segundos. Sin embargo, su uso malicioso para cometer fraudes, suplantación de identidad, extorsiones y campañas de desinformación ha encendido las alarmas a nivel institucional.
Frente a esta amenaza, el Parlamento chileno ha dado un paso decisivo: la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general, por una abrumadora mayoría de 128 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones, el proyecto de ley (boletín 17795) que busca regular y sancionar la creación y difusión de contenidos sintéticos no autorizados (deepfakes).
La iniciativa, impulsada por la diputada Gael Yeomans, regresa a la Comisión de Futuro, Ciencias y Tecnología para su discusión en particular, abriendo un debate clave entre la protección de las personas y el resguardo de la libertad de expresión.
1. El pilar central: Reconocimiento del “Derecho a la Integridad Digital”
El núcleo innovador de este proyecto es la consagración explícita del Derecho a la Integridad Digital. La norma establece formalmente que toda persona tiene derecho a que su imagen, cuerpo o voz no sean utilizados sin su consentimiento para generar “representaciones digitales verosímiles pero falsas” mediante IA u otras tecnologías.
Se define como contenido sintético o deepfake a todo material de audio, video o imagen generado o alterado tecnológicamente que pueda inducir a engaño o error sobre las acciones, declaraciones o identidad de una persona real.
Las excepciones: Arte, parodia y sátira
Para no asfixiar la creatividad ni vulnerar la libertad de opinión, la ley establece un límite claro: no se considerarán infracciones los contenidos que correspondan a parodias, sátiras, críticas o expresiones artísticas, siempre y cuando estén claramente identificados como tales y no busquen inducir a error o causar daño reputacional a la víctima.
2. Duras sanciones económicas y medidas cautelares rápidas
A diferencia de otras iniciativas meramente declarativas, este proyecto de ley incorpora herramientas punitivas y judiciales de alto impacto:
- Multas Millonarias: Las sanciones económicas para quienes infrinjan la norma podrán ir desde las 5.000 hasta las 10.000 UTM (equivalentes a montos que oscilan entre los $358 millones y $716 millones de pesos chilenos).
- Bloqueo y Retiro Cautelar: Los tribunales tendrán la facultad de dictar medidas cautelares de emergencia, ordenando el retiro o bloqueo inmediato de las publicaciones sintéticas en plataformas digitales para evitar un daño irreparable en la reputación, intimidad o patrimonio de los afectados.
3. Nuevas exigencias para las plataformas digitales
Uno de los puntos más debatidos de la normativa —y destacado por expertos como Marcelo Mendoza, investigador principal del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA)— es la responsabilidad que se le asigna a las plataformas digitales e intermediarios (como Meta, TikTok o X):
- Etiquetado Visible Obligatorio: Las plataformas deberán incorporar marcas e identificadores claros que señalen explícitamente cuando un contenido haya sido elaborado o alterado con IA.
- Canales Expeditos de Denuncia: Estarán obligadas a implementar mecanismos ágiles para que cualquier usuario pueda reportar un deepfake no autorizado y solicitar su desindexación.
- Representación Legal en Chile: Las plataformas internacionales deberán contar con un representante legal en el país para responder ante requerimientos judiciales o administrativos.
- Exclusión de mensajería privada: La ley exceptúa explícitamente los servicios de mensajería privada cerrada (como chats personales), concentrándose en la difusión pública o masiva.
4. El debate: Entre la protección y el riesgo de censura
Aunque la aprobación fue transversal, la discusión parlamentaria no estuvo exenta de advertencias. Diversos legisladores señalaron que obligar a las plataformas a moderar o eliminar publicaciones de forma rápida podría inducir a una “sobre-censura” preventiva por parte de los algoritmos de las redes sociales, afectando legítimos derechos a la libertad de prensa, el debate político o el desarrollo de software nativo.
A pesar de estos desafíos, el consenso es amplio: el Estado no podía seguir de brazos cruzados frente a delitos cibernéticos que afectan especialmente a mujeres, adolescentes y autoridades. Con este paso, Chile se alinea con los estándares de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea y las regulaciones de Estados como California, buscando crear un espacio digital seguro para la década que cursa.
